“Voy a insistir y dejar muy claro el asunto de la salida de cientos de personas de prisión, la ‘ley del olvido de las armas de fuego’ y un tema importantísimo: no se debe permitir la comercialización de teléfonos móviles usados”, adelantó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa durante la XLIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Yo insisto si no vemos el punto ¿Por qué están asaltando a las personas? Por quitarles el celular. Llevamos miles de celulares asegurados y esto debiera ser una constante en el país y que no se permita porque cada celular podrías traducirlo uno a uno con un asalto. Si no, ¿cómo los obtienen?”, subrayó.

Propuso que a nivel nacional se instaure como norma la prohibición de comercialización a fin de ser más estrictos con esta incidencia. “Deberíamos ser estrictos desde el punto de vista fiscal. Una revisión a todos estos lugares, un protocolo. Es como los relojes cuando hicimos el convenio con Nacional Monte de Piedad, insistimos con las casas de empeño. Estas son leyes que todavía tienen pendientes de afinar y hoy lo voy a plantear”, remarcó.

“Son objeto de delincuencia y principal causa de asaltos”, señala Jefe de Gobierno

Agregó que durante el encuentro con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y autoridades federales, pondrá sobre la mesa estos y otros temas relevantes, como la necesidad de formación de policía en todo el país y la regulación de armas réplica.

“No veo por qué nos tapemos los ojos a una realidad. No hay que olvidar la autoridad competente para el retiro de armas réplica del mercado, es la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO)”, insistió el mandatario capitalino.

Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) trabajó conjuntamente con la Secretaría de Economía del gobierno federal en una norma oficial; que exige a cualquier persona que adquiere un arma réplica la colocación de distintivos claros.

Afirmó que en la CDMX continuarán las tareas de aseguramiento, los operativos y en su caso, la clausura definitiva a los establecimientos donde se detecte la comercialización de mercancía robada.